Política y sociedad

Tanto la apertura del archivo del Holocausto, sólo el año pasado, como la lenta desclasificación de documentos secretos en Europa del Este y América latina muestran lo complejo que resulta recuperar la historia luego de procesos totalitarios traumáticos

Domingo 28 de octubre de 2007 | Publicado en edición impresa

“Quien controla el pasado, controla el futuro. Y quien controla el presente, controla el pasado”. La famosa frase de George Orwell en la obra 1984 ha sido una inspiración constante para gobiernos de distintas latitudes a la hora de confeccionar archivos históricos y, fundamentalmente, de darlos a conocer a la sociedad.

La posibilidad de influir sobre la percepción del pasado ha sido una tentación recurrente, ya sea para limpiar culpas propias, reconstruir identidades nacionales después de procesos traumáticos, o simplemente para afectar las chances electorales de un oponente político.

Estos comportamientos fueron particularmente evidentes a la hora de revisar períodos totalitarios, como el de la Alemania nazi y el de la Europa comunista, pero también en el caso de EE.UU. y de varios países latinoamericanos durante la transición democrática.

El archivo del Holocausto, que contiene 50 millones de documentos elaborados por la burocracia nazi en relación con el destino de 18 millones de personas, recién fue abierto en mayo del año pasado. Hasta entonces, sólo podían acceder a él personas afectadas o familiares de víctimas del Tercer Reich. La demora en acceder a su apertura fue una manera de mitigar los efectos del complejo e inconcluso debate sobre el grado de responsabilidad de sectores de la sociedad alemana en las acciones del régimen nazi. Pero también fue una decisión de las potencias occidentales, encargadas junto a la Cruz Roja de la tutela de ese material, para evitar difundir información que podría resultar incómoda.

En todos los países de Europa Oriental que estuvieron bajo la férula comunista la reconstrucción del pasado tuvo como eje los archivos en los que consta el accionar de los servicios secretos. Determinar quién y en qué grado cooperó con los espías se convirtió en una cuestión política central. No sólo por la condena social, sino sobre todo porque en algunos países, como Polonia y la República Checa, se aprobaron leyes de lustración que prohibieron el acceso a cargos públicos a ex colaboracionistas del régimen.

“El acceso o la denegación del acceso a los archivos secretos del Estado ha servido como una importante arma para desacreditar oponentes políticos o para minar la credibilidad de las nuevas instituciones políticas. Por eso, en todos los países de Europa central y del este, la confiabilidad de los archivos y los rumores que rodean la desaparición o destrucción de ellos son una preocupación central”, señala Helga Welsh, académica de la Wake Forest University, de Estados Unidos.

Uno de los casos más simbólicos es el de la extinta República Democrática Alemana, en donde la Stasi recopiló información sobre seis millones de personas en unas 62.500 toneladas de papel. Pero este caudal de datos no garantizó un procesamiento exhaustivo, ya que como señala Louisa McClintock, de la Universidad de Harvard, “el desafío más serio para el uso de los archivos de la Stasi en la reconstrucción del pasado es su falta de confiabilidad, porque la información era a menudo distorsionada intencionalmente. Eso ocurrió en parte porque los informantes eran sancionados si no proveían una determinada cantidad de datos”. Esta situación, certeramente retratada en la película La vida de los otros, se vio agravada tras la caída del muro de Berlín porque ex agentes de la policía secreta destruyeron parte del material o lo sustrajeron para su venta.

Como consecuencia, en las primeras elecciones libres realizadas en marzo de 1990, se produjo un auténtico festival de denuncias contra supuestos ex espías, y muchos candidatos se vieron obligados a declinar sus postulaciones. Según McClintock, este factor fue muy importante para que muchos políticos occidentales se decidieran a “colonizar” el electorado de la ex RDA.

Polonia también constituye un caso paradigmático, ya que el debate público tras la caída del comunismo estuvo fuertemente impregnado por las acusaciones y el uso político de los archivos de la policía secreta. Inclusive le costó el cargo al ex primer ministro Józef Oleksy, quien debió dimitir en 1996 bajo acusaciones de haber sido espía de la KGB.

Rumania ha sido uno de los casos más complejos de resolver, porque si bien en 2001 el Parlamento creó un Consejo para el Estudio de los Archivos de la Securitate, tanto políticos como ONG han cuestionado seriamente su eficacia. “Realmente hay pocos motivos para estar orgullosos respecto del trabajo del Consejo. Ese órgano ha sido incapaz de desenmascarar personalidades notorias por sus vínculos con la policía secreta”, sostiene Lavinia Stan, del Centro para Estudios de Post Comunismo de Canadá. Muchos ex funcionarios de la dictadura de Nicolae Ceausescu aún ocupan cargos públicos y si se documentaran sus antecedentes se pondría en riesgo la imagen de renovación que le permitió a Rumania ingresar a la OTAN y a la UE.

Pero no sólo países europeos recurrieron a la manipulación de documentos para forzar una reinterpretación de hechos históricos. EE.UU. tiene una larga lista de temas que, pese al reclamo de varias organizaciones e instituciones no gubernamentales, se mantienen en secreto como documentación clasificada del Departamento de Estado o de la CIA.

Washington ha seguido una línea de revelaciones graduales, en general a partir de un período de al menos 30 años después de ocurridos los hechos reportados. Así, por ejemplo, recién en 2001 se desclasificaron documentos que probaron la contratación por parte del gobierno norteamericano de espías nazis que después de la II Guerra Mundial colaboraron con EE.UU. en la detección y seguimiento de agentes soviéticos. Esta realidad era difícil de admitir en los años posteriores al Holocausto, pero no tanto medio siglo después.

Algo similar ocurrió con la actuación de la Casa Blanca en relación con las dictaduras latinoamericanas. Sólo en forma muy parcial hace pocos años se empezaron a difundir documentos que demostraron, entre otras cosas, que Henry Kissinger pidió a sus funcionarios “alentar” al gobierno de facto argentino, dos días después de haber tomado por la fuerza el poder en 1976.

En América latina la revisión de las dictaduras también estuvo impregnada por el debate sobre la apertura de los archivos. En Brasil fue tema de agenda política con Fernando Henrique Cardoso y nuevamente con Lula Da Silva por la presión de distintas organizaciones para que difundieran los documentos que tutela la Agencia Brasileña de Información (ABIN). Ambos mandatarios optaron por no revelar esos reportes para no incomodar a las fuerzas armadas, todavía muy influyentes. En otros casos, una parte de la documentación salió a la luz forzadamente, como ocurrió con la revelación de los archivos del terror en Paraguay o de la DINA en Chile.

En la Argentina quedaron pocos rastros documentales del accionar militar en los 70, a pesar de la insistencia de los organismos de derechos humanos para que se difundieran las listas de muertos y desaparecidos. Apenas hubo algunas filtraciones, como las de la Operación Claridad, montada para identificar “cuadros subversivos” en los sectores artístico y educativo.

Por Jorge Liotti

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